Esta semana hemos concluido uno de los más esperpénticos espectáculos político-circenses con los que nos hemos visto sorprendidos a lo largo de un final de legislatura marcada por el acoso y derribo a un presidente, legalmente elegido –aunque yo no le votara- en las urnas de la democracia, por parte de elementos de su propio partido y, como ya viene siendo habitual –así logró el refrendo en su día el Presidente Aznar-, por parte de una oposición dispuesta, no ya a no dejar pasar ni una, hasta aquí razonable, sino a crear y generar todo tipo de situaciones, le fueran bien al país o le fueran mal, que tanto daba, orientadas a su fracaso político y económico que es el de todos.

La aprobación ayer del impuesto sobre el patrimonio no sólo es ridículo, por cuanto no se llegará probablemente a aplicar nunca y en el mejor de los casos se hará en aquellas comunidades que así lo decidan, sino que resultaría ineficaz por el monto de la recaudación esperada, no más de mil millones de euros, calderilla para nuestras arcas por más endeudas que estén, y lo están.

Ayer, jueves 22 de Septiembre, en el programa semanal que tenemos en Radio Martorell, Societat de Consum (Sociedad de Consumo), que presento y dirijo junto a mi amigo Miguel Pérez, tuvimos la oportunidad de entrevistar a dos parlamentarios catalanes en Madrid: D. José Vicente Muñoz del PSC y D. Carles Campuzano de CiU. Más allá de las diferentes lecturas y planteamientos que ambos hacían respecto a la aplicación y origen que motiva la aprobación de la referida Ley, ninguno fue capaz de darnos respuesta a nuestra objeción estrella:

¿Cómo es que volcamos esfuerzos, y hablando pronto y mal, mala leche por parte del contribuyente, aplicando una ley que no nos resuelve nada excesivamente crítico, teniendo en cuenta el volumen de dinero recaudado y, en cambio, permitimos, sin más, que Hacienda, a través de sus técnicos, declare que las grandes empresas defraudan más de 42.700 millones de euros al año?¿No sería más lógico motivar con medidas contundentes el cumplimiento de la ley por parte de las grandes compañías y no liar más el asunto?      

Ninguno de los dos dio una respuesta clara y directa. Uno la evadió -estrategia envolvente colateral tomando una circunvalación- y el otro nos expuso lo mucho que supone el fraude que constituye la economía sumergida -pregunta lo que quieras que yo te responderé lo que me de la gana-.

Viene a cuento esta pregunta, nada tramposa, de que ha sido publicado un informe por parte del Sindicato de los Técnicos de Hacienda (GESTHA), Lucha contra el fraude fiscal en la Agencia Tributaria, en el que se denuncia que las grandes fortunas y las grandes empresas fraudan anualmente cuarenta y dos mil setecientos once millones de euros, cifra que representa el 71’8% del total del fraude en nuestro país y triplica el cometido por pymes y autónomos.

Afirman, igualmente y de forma especialmente grave, que: “desde hace muchos años se ha puesto la lupa sobe las rentas del trabajo, de los autónomos y de las microempresas en lugar de perseguir las grandes bolsas de fraude”

Antes de acabar el programa, contactamos en antena con D. José María Mollinedo, secretario general del citado sindicato, que declaraba, respondiendo a nuestras preguntas, que el hecho de no poner la lupa sobre las grandes bolsas de fraude responde, exclusivamente, a un criterio de supuesta efectividad adoptado por la Dirección General de Hacienda, que son quienes marcan los planes estratégicos de actuación para cada ejercicio, en lugar de hacerlo el propio Gobierno. Eso hace que les resulte más fácil centrarse en los pequeños, que carecen de medios para dar respuesta a las acciones e inspecciones que realizan, en lugar de centrarse en las grandes toda vez que éstas sí cuentan con asesores, abogados, consultores, etc. De hecho, nos confirmaba el señor Mollinedo que dedican un 80% de los recursos humanos en el seguimiento, inspección y demás sobre los “pequeños” dejando, tan sólo, un 20% para controlar allí donde se concretan las grandes bolsas de fraude.

En conclusión, ¿no era mejor orientar nuestros esfuerzos a recuperar, al menos, tres mil millones de euros en esas grandes corporaciones, que montar toda la parafernalia mediática, política, folclórica y demás adjetivos que se les quiera adjudicar, en la aprobación de una ley que ha nacido sentenciada por apenas mil millones de euros? Seguramente sí, pero tenía menor repercusión a la hora de captar votantes.

¿Conclusión? Que se vayan todos para su casa y se tomen una legislatura sabática, o mejor dos.

Por cierto, que no he sabido encontrar, en ningún medio, un paralelismo entre ambas noticias aparecidas con apenas una semana de diferencia.

Como diría Forges: País.